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jueves, 6 de agosto de 2020

PROPONEN REDUCIR EL NÚMERO DE REGIDORES EN LOS AYUNTAMIENTOS DE GUERRERO | Congreso

Chilpancingo, Gro., 5 de agosto del 2020.- Con el propósito de reducir el número de regidores que conforman los ayuntamientos, de 4 a 12, dependiendo del número de población de cadamunicipio, la diputada Mariana Itallitzin García Guillén propuso iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado y a las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales y Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

La legisladora de Morena argumenta que con la reducción de representantes del Cabildo se tendría un significativo ahorro de recursos con los que se podrían realizar grandes obras y beneficios para los habitantes de los municipios.

Manifestó que también se cambiaría la forma de hacer política, ya que en muchos de estos espacios se aplica el pago de "favores" o "cuotas de poder".

Apuntó que esto, "más que un tema legal, es de moral, porque no se puede seguir teniendo espacios que generan un gasto importante a un ayuntamiento sólo por cuotas de partidos políticos o por acomodar a un compañero con un sueldo significante".

Destacó que la reducción en el número de regidores implicaríaentre otras cosas, el redireccionamiento del gasto público en áreas prioritarias para el desarrollo municipal. Además, dijo que se racionarían los recursos públicos, de los cuales una fuerte y desproporcionada cantidad se ha destinadoal pago de salarios de los regidores, en perjuicio de los servicios públicos municipales y la ejecución de programas y proyectos gubernamentales que impulsen el bienestar de la población. 

Dichas iniciativas se turnaron a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.

 

Iniciativas

El diputado Carlos Cruz López (Morena) propuso reformar la Ley de Responsabilidades Políticas, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, para reducir el plazo de dictaminación de las denuncias de juicio de responsabilidad política por parte de la Comisión de Examen Previo, de 30 a 10 días hábiles, y para establecer condiciones de equidad entre el denunciante y el denunciado para formular alegatos. La propuesta se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen respectivo.


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