En este sentido, una de las primeras medidas adoptadas por el actual presidente mexicano fue la creación de la Guardia Nacional, una fuerza mixta de combate (compuesta por militares y policías) cuya llegada pondría fin al uso del Ejército en territorio nacional. Hasta mediados de abril, más de 79.000 elementos de esta nueva fuerza de combate habían sido desplegados en todo el país, una cifra que pretendían elevar hasta los 100.000 antes del 2021.
Sin embargo, según reconoce el Gobierno con el decreto firmado, la Guardia Nacional no está aún preparada para actuar en solitario: "la conformación y el desarrollo de las capacidades de dicha institución de seguridad pública requiere de un período de implementación a efecto de cumplir cabalmente con las funciones de su cargo". Mientras este proceso de creación se consolida, López Obrador se ha visto obligado a recurrir a los soldados que tanto criticó en el pasado.
El lugar de los hechos
Entre las atribuciones que podrán desempeñar los militares desplegados se encuentran: "La detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos" o "poner a disposición de las autoridades competentes a personas y bienes y preservar el lugar de los hechos", todo, según explican, "con pleno respeto a los derechos humanos de las personas". El presidente mexicano podrá contar con su apoyo hasta el 27 de marzo del 2024, siete meses antes de concluir su mandato.
En el aire quedan aún muchas dudas. Entre ellas, quién quedará al mando de las fuerzas castrenses desplegadas y ante quién rendirán cuentas los soldados que incumplan las normas. De acuerdo al documento oficial, corresponderá a "los órganos internos de control de cada dependencia" aplicar las sanciones y no a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ante la que sí responden sus compañeros de la Guardia Nacional.
Más allá de haber roto con su principal promesa electoral, lo que realmente ha indignado a oposición y organizaciones sociales ha sido que el presidente mexicano haya aprovechado la pandemia para aplicar unilateralmente una reforma tan polémica y trascendental. Desde el colectivo 'Seguridad sin Guerra' van incluso más allá, tal y como denuncia su integrante Alfredo Lecona: "El acuerdo que hoy publica AMLO no solo es inconstitucional, también es contrario al derecho interamericano".